Stolbizer solicitó investigar irregularidades con las universidades


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Una de las irregularidades más visibles que se han visto, sucedieron en la Universidad de San Luis, en la suscripción de Convenios, sin las necesarias aprobaciones del Consejo y las decisiones sobre gastos, podrían suponer la comisión de delitos penales que requieren ser incorporados a la investigación judicial que ya se encuentra en marcha en Comodoro Py con relación a situaciones similares en otras universidades.

Margarita Stolbizer aseguró: “Durante el gobierno anterior existió una práctica reiterada que era el desvío de dineros públicos que recibían las universidades con la apariencia de financiamiento de actividades extrañas a las casas de estudios”. Además Solicitó ser tenida como amicus curiae para cooperar con la causa judicial. La denuncia está basada en las actuaciones administrativas llevadas a cabo por el Profesor Eduardo Borkowski de la Universidad Nacional de San Luis y el abogado Juan Carlos Calabria.

En el año 2016 ellos solicitaron información al Consejo Superior de la Universidad sobre transferencias millonarias que habrían recibido por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

Stolbizer entiende que las irregularidades en la suscripción de Convenios sin las necesarias aprobaciones del Consejo, y las decisiones sobre gastos podrían suponer la comisión de delitos penales que requieren ser incorporados a la investigación judicial que ya se encuentra en marcha en Comodoro Py con relación a situaciones similares en otras universidades.

“En los últimos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se multiplicaron los convenios con diferentes universidades nacionales. En realidad, se trataba de un mecanismo para vehiculizar partidas millonarias destinadas a universidades públicas alineadas con el discurso oficialista y también para desviar recursos públicos que terminaban en manos privadas, sin controles, a través de mecanismos de tercerización de servicios o contrataciones que realizaban las instituciones educativas”. Denunció la presidenta de la ONG Bajo La Lupa.

Además continuó aseverando que “En muchos casos se trató de un mecanismo para “ejecutar programas” de diverso interés que permitían liquidar facturas por servicios contratados sin licitación y con un laxo control. Así, el Estado y sus universidades conformaron un esquema de financiamiento manejado de forma discrecional que podría implicar la comisión de delitos por desvío de fondos públicos y que debe ser cuidadosamente investigado”.