“Las personas privadas de la libertad reclaman por sus derechos”


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Las Organizaciones de trabajo en cárceles realizaron una conferencia de prensa en la sede de CTA-A La Plata para referirse a la situación de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense en relación a las diferentes huelgas que se produjeron en varios penales de la Provincia durante los últimos días.

La convocatoria estuvo a cargo de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, Atrapamuros, Asociación Pensamiento Penal, Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, entre otras organizaciones con trabajo en cárceles. El objetivo de la conferencia fue difundir lo que pasó y está pasando en los penales de la provincia a partir del conocimiento del territorio de las diferentes organizaciones, quienes conviven cotidianamente con las condiciones de encarcelamiento.

El lunes 12 de diciembre el Centro Universitario de la cárcel de Devoto (CUD) se declaró en huelga de hambre en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 24.660, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y, hasta entonces, estaba próximo a tratarse en Senadores.

A partir de esta iniciativa, varias Unidades Penitenciarias de la provincia de Buenos Aires adhirieron a la causa, denunciando las condiciones de detención, repudiando el proyecto de reforma y exigiendo una mesa de diálogo entre representantes de los diferentes penales en huelga de hambre, representantes de los tres poderes del Estado y organizaciones sociales. Las Unidades 47 de San Martín, 31 de Varela, 1 de Olmos, 9 de La Plata y 8 y 33 de mujeres de Los Hornos, se declararon en huelga de hambre evidenciando la crisis en la que se encuentra el sistema carcelario argentino.

La actividad comenzó con la lectura de un comunicado enviado por el Colectivo de Personas Privadas de su Libertad, en el que se sostiene que los Centros de Estudiantes Universitarios están ”en pie de guerra por los derechos de todo el Colectivo de Personas Privadas de su Libertad, hombres, mujeres, niños y niñas”. Y continúa: “La Mesa de Diálogo que estamos convocando con los representantes de los tres Poderes del Estado es para que escuchen nuestra posición y plasmar nuestra mirada acerca de las distintas problemáticas que nos atraviesan. Las cuales nunca, en la historia del sistema penal argentino, ningún gobernante ha tomado en serio”.

Las organizaciones sostuvieron que el conflicto no terminó, y expresaron preocupación por las represalias que puede tomar el Servicio Penitenciario Bonaerense. Marino Chaves, integrante del Colectivo Atrapamuros sostuvo que “las huelgas se originaron como resultado de los debates y la organización que los y las compañeras se vienen dando desde dentro de los diferentes penales, en la búsqueda de lograr revertir las condiciones inhumanas que prevalecen en el encierro”. Asimismo, expresó descontento por el tratamiento que desde los medios se dió a los hechos: “Poco más que unas imágenes de penales en llamas se transmitió. Faltó reconstrucción de las condiciones previas a los hechos, así como un seguimiento de los sucesos una vez que las huelgas se suspendieron“. Y agregó: “Se sabe que, al igual que una medida de protesta tomada por un sindicato en una empresa o una escuela, en la cárcel los hechos siguen. Las demandas pueden lograrse en su totalidad, parcialmente, o fracasar. ¿Por qué no hay nada de esto estos días en las noticias? Hay mucha resistencia de los medios a contar lo que pasa en la cárcel”.

Por su parte, Ignacio Fernández Camillo, coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional La Plata, valoró la conformación de la mesa de diálogo, resaltando que “no puede quedar en promesas ni ser la forma de poner paños fríos a una situación que resulta insostenible para las personas privadas de la libertad, son quienes más sufren la exclusión en nuestra patria, y están reclamando el mínimo respeto de sus derechos”. En ese sentido, refirió que “es destacable que ante un gobierno represivo, los excluidos de la patria lograron organización para luchar por sus derechos; hace unas semanas los y las trabajadoras de la economía popular obtuvieron un piso de dignidad con su primera paritaria laboral y la obtención de la ley de emergencia social, ahora las personas privadas de libertad ponen en agenda su situación como excluidas, y reclaman el respeto de su dignidad”.

A su vez, las organizaciones expresaron su preocupación por “el grado de exposición al que se enfrentan las personas que deciden plantear demandas desde el interior de una cárcel. Organizarse pacíficamente para hacer escuchar sus demandas, al punto de adquirir visibilidad pública como pasó en estos días, se vuelve directamente problemático, tanto para el Servicio Penitenciario como para el Gobierno, que quiere instalar la imagen de paz social a pesar de las medidas antipopulares que lleva a cabo”. Asimismo, aseguraron que hay que tener en cuenta las posibles repercusiones sobre estas demandas, como las represalias físicas, el desmantelamiento los espacios de organización de los penales, como los Centros de Estudiantes Universitarios, los traslados arbitrarios, la suspensión de actividades, entre otras.

Finalmente, las organizaciones aseguraron que las huelgas de hambre se llevan adelante “cuando no se cuenta con los recursos necesarios, ni con vías de expresión y de acceso a los medios de comunicación, por lo que sólo les queda usar el cuerpo como arma que exponga, que manifieste, que denuncie”. Además, explicaron que las personas privadas de su libertad recurren a la huelga de hambre “como instrumento de lucha pacífica ante situaciones extremas. Es una medida que compromete la integridad física y que implica el propio castigo en pos de que sus reclamos sean escuchados”.

Las organizaciones que convocaron a la actividad fueron Antígona U8-33, Asociación Pensamiento Penal (APP), ATE, Atrapamuros, ONG Camino al Siglo XXI, Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Centro de Orientación y Asistencia para Familiares de detenidos (COFAM), Entrecruzarte, Grupo de Estudios Sobre Educación en Cárceles (GESEC), Radio La Cantora, Red Niñez Encarcelada y la Red de Cooperativas de Liberados.